Pueblos Indigenas y Derechos Humanos

Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UBA)

Trabajo Final Seminario Pueblos Indígenas y Derechos Humanos

Docente: Dra. Silvina Ramírez

Alumno: Darío Rodríguez Duch

La naturaleza como Sujeto de Derecho y su implicancia sobre los Pueblos Indígenas

Podemos observar en numerosos casos el absoluto respeto que los integrantes de los Pueblos Indígenas experimentan hacia la integridad de la naturaleza que los rodea y contiene, a quien consideran además su madre y la responsable de la mayoría de sus bienes y males. Ello resulta así en tanto confieren a las distintas manifestaciones de su entorno el más alto valor dentro de su religiosidad, sabiendo que sólo en la medida en que mantienen una profunda y respetuosa interacción con las fuerzas de esa naturaleza la vida podrá ser digna, segura y tolerable.

Esta misma visión es la que impide a los Pueblos Indígenas realizar grandes cambios que alteren la sustancia o la interacción entre las distintas entidades que conforman el ecosistema (agua, aire, fuego, montaña, bosque). Por ello, el mayor hincapié para comprender la particular relación que los pueblos originarios mantienen con sus territorios debe encontrarse en su espiritualidad y en su estilo de vida comunitario, siempre ubicados en relación armónica con las distintas fuerzas de la naturaleza.

Una de las acepciones de “invisibilidad” aplicada a los pueblos indígenas se centra en la escasa o nula alteración del entorno natural que se puede observar dentro de los territorios poseídos o administrados por las comunidades indígenas, en tanto su vocación demostrada a lo largo de miles de años ha sido siempre la de respetar la correlación de las fuerzas que allí conviven. De allí la consabida frase con la que suelen identificarse: “La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra…”

La posesión territorial y la relación con la naturaleza en el mundo indígena

El tipo de posesión que mantienen las comunidades indígenas respecto de sus territorios tradicionales, a los que consideran sagrados, adopta formas sensiblemente diferentes a la establecida por los Códigos Civiles y demás legislaciones internas de los Estados que regulan sobre la propiedad de la tierra y de los recursos naturales. En este sentido, podemos advertir que la misma espiritualidad inherente a la cosmovisión indígena, así como la especial relación que estos pueblos mantienen con su entorno, impide a sus miembros realizar una transformación masiva, forzada y lesiva de la naturaleza, lo que aproxima particularmente su cosmovisión con los principios planteados por quienes hoy vienen formulando los denominados “Derechos de la Naturaleza”.

Observamos que los integrantes de los pueblos originarios no se refieren a la tierra, o a los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios, como simples bienes económicos o susceptibles de contar con un valor de mercado, puesto que los mismos no resultan “intercambiables” por otros bienes, en tanto se encuentran allí elementos culturales no sustituibles por dinero.

En una suerte de preformulación de los Derechos de la Naturaleza se definía que: “El territorio es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. El territorio, ámbito espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser protegido por nuestros pueblos del desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad. Existe una reciprocidad entre él y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos que nos provee éste. El equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones de un espacio rico en recursos y lleno de memoria”1.

Occidente postula el desarrollo como instrumento para conquistar la escasez y se traza como metas la acumulación, el crecimiento económico y la productividad. Por su parte, los pueblos indígenas motivados, no por el producir más, sino por el mejor vivir, consideran que el desperdicio y el exceso son prácticas que lastiman la armonía de la vida”2.

Dado que allí es donde se encuentran sus raíces y donde toman sentido sus celebraciones religiosas; un territorio indígena será también el espacio que se encuentra reservado al linaje familiar y a las tumbas de sus antepasados. Por tanto, mantener el mismo en una coexistencia armónica con la naturaleza es lo que permite que dicho territorio continúe siendo el sitio señalado para desplegar la identidad y la cultura de un pueblo, su desarrollo personal y espiritual y su proyecto colectivo.

La extensión del territorio indígena hacia el subsuelo y el espacio aéreo

Esta noción integradora del concepto “territorio”, como espacio necesario y esencial para el desarrollo y transmisión de una cultura ancestral, no permite separar en la cosmovisión indígena entre el suelo y el subsuelo. Tampoco escinden las comunidades de su “territorio” al espacio aéreo, por lo que incluyen entre sus partes al mismo cosmos, junto al cual conforman necesariamente sus fuerzas.

Tal carácter involucra, a su vez, otro tipo de elementos constitutivos del hábitat; particularmente aquellos comúnmente denominados “recursos naturales”, como el agua, los animales, las plantas, los árboles o los minerales, que por la misma razón forman parte de un todo integrado con el resto.

Respecto al “microcosmos” constituido por dichos territorios, los pueblos originarios observan por el mismo un respeto cercano al orden religioso, por lo que su compromiso con la naturaleza vuelve a hacerse presente a través del cuidado y de la realización de diversas ceremonias en las que manifiestan su veneración por cada una de sus fuerzas y manifestaciones.

En el caso del pueblo mapuche, ubicado al sur de Chile y Argentina, existe una categorización precisa de las diferentes capas y niveles de su “Mapu” (tierra). Así, se habla del “Wente Mapu” como el conjunto de niveles espaciales que involucra, de alguna manera, un territorio indígena. Se incluye dentro del mismo al “Puji Mapu”, como la tierra que inmediatamente se ubica por debajo de los pies y que genera los frutos necesarios para la subsistencia humana. Sin embargo, dicha capa de tierra próxima se encontrará secundada por una tierra mucho más profunda, en sentido material y espiritual, denominada “Minche Mapu”, la que jamás podría ser afectada o dañada sin dañar con ello al resto del “Ixofijmogem” o biodiversidad. Componen esa misma “Mapu” el denominado “Ragiñ Wenu Mapu”, o espacio aéreo inmediato, y el “Wenu Mapu”, o espacio aéreo lejano, que incluye a las capas superiores de la atmósfera y el cosmos3.

Ninguno de todos estos elementos que componen un territorio podría ser afectado sin verse alterado el orden establecido y dañado al “Ixofijmogem”, en este caso interpretado como una integridad. En virtud de ello, cualquier actividad que comprometa o deteriore a alguno de estos niveles se encontrará vulnerando la totalidad de los niveles de esa misma “Mapu”. Dañar a la Naturaleza y al ecosistema produce, necesariamente, una herida insanable sobre las personas (“che”), quienes a su vez la habitan y reproducen su cultura dentro de la misma, dado que el “che” comparte el espacio del “Wente Mapu” con numerosas formas de vida, no constituyendo en manera alguna el centro del “Wajmapu” (universo mapuche).

Mientras los Estados pretendan aplicar con coherencia las nociones de preexistencia, interculturalidad y respeto por la identidad de los pueblos indígenas, consagrados a través de sus propias Constituciones e Instrumentos Internacionales ratificados, no podrían permitir la afectación de la Naturaleza circundante ni de ninguno de los elementos que constituyen la integralidad de los territorios indígenas.

Naturaleza y Pachamama en la Constitución de Ecuador

Algunos conceptos de la Constitución de Ecuador resultan similares a los adoptados por otras legislaciones, tal como sucede con su artículo 74, a través del cual el “Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. De este modo se encuentra abordando la temática ambiental desde la tradicional óptica de los “derechos de tercera generación”4.

Sin embargo, en una valoración realizada en sintonía con la propia de los Pueblos Indígenas, el texto constitucional ecuatoriano prohíbe adjudicar derechos de propiedad intelectual sobre productos o derivados del conocimiento colectivo5. Este criterio resulta novedoso en virtud de que la mayoría de los países adopta el criterio contrario impuesto desde la OMC (Organización Mundial del Comercio), en el sentido de reconocer las patentes y las implicancias económicas que ello trae.

Otro dato distintivo y original de la Constitución ecuatoriana consiste en utilizar términos que no han sido regulados legalmente con anterioridad, tales como “Naturaleza” o “Pachamama”, definiendo a ésta última como donde se reproduce y realiza la vida”6.

En relación con la importancia que para los indígenas posee el hecho de jerarquizar jurídicamente a la naturaleza, podemos afirmar que el término “Pacha Mama” (o “Ñuke Mapu” en terminología mapuche), se encuentra íntimamente relacionado con la cosmovisión indígena. Como nos refiere Gudynas, la palabra “Naturaleza” es propia del acervo cultural europeo: “Las formas bajo las cuales se ha caracterizado al ambiente han ido cambiando desde la llegada de los colonizadores europeos (Gudynas 2004). Entendida en un principio como espacios salvajes que debían ser dominados, actuando como frontera y límite, se pasó poco a poco a concebirla como una canasta de recursos que alimentaba, primero, el comercio de las colonias con las metrópolis y, luego, las exportaciones de las naciones independientes…Las nuevas concepciones sobre el ambiente, incluido el concepto de ecosistema, también encierran una perspectiva de fragmentación, control y manipulación de la Naturaleza, y, por lo tanto, pueden ser funcionales para las ideas que conciben la relación con el entorno como necesidad para asegurarse el acceso a recursos de valor económico actual o potencial”7.

Al término “Pachamama”, la Constitución de Ecuador le suma el de “sumak kawsay”, o “buen vivir”, rompiendo así el sistema de valores occidentales que proponen como único camino de desarrollo válido al de la acumulación capitalista, aún a costa de sacrificar otros aspectos de la vida como el disfrute del hogar o la familia, la naturaleza, el ocio o los valores espirituales. De este modo se propone la posibilidad de partir de otros paradigmas para describir a la “modernidad”, entendiendo que los valores vigentes son los que llevaron a la crisis actual al sistema ecológico mundial.

El artículo 72 de la Constitución ecuatoriana resulta llamativo, en tanto le reconoce a la naturaleza, o Pachamama, el derecho “a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Pero más sorprendente resulta el criterio por el cual concede legitimación activa para reclamar por este derecho a “toda persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad”, permitiéndoles exigir a la autoridad pública el cumplimiento de tales derechos, agregando luego que el “Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”8.

Ésta postura importa un cambio sustancial, puesto que el anterior concepto del “derecho a un ambiente sano” obedecía a las categorías de los derechos de “tercera generación”, dado que luego del reconocimiento de los derechos civiles y políticos primero, los relacionados con el constitucionalismo social luego y los derechos económicos, sociales y culturales después, se suele incluir al derecho a un ambiente sano como una simple categoría dentro de éstos últimos. Sin embargo, la Constitución ecuatoriana representa una verdadera novedad al conceder el carácter de “Sujeto de Derecho” a la naturaleza, en su concepción ampliada como Pachamama,, y de otorgar legitimación activa para reclamar por los derechos de la misma a “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad”. La posición esgrimida por el resto de los países, en cambio, representa que el derecho a un ambiente sano se relaciona, simplemente, con la necesidad de mantener la integridad de los ecosistemas para salvaguardar el bienestar de las personas.

Tomando como base al derecho romano primero, y al sistema continental europeo después, el derecho de propiedad ha sido, sin lugar a dudas, el pilar fundamental sobre el cual se ha desplegado el resto del derecho privado. Es en este sentido que la defensa que tradicionalmente se ha ejercido de la naturaleza ha sido sistemáticamente basada en la potencialidad de que resulte afectado el derecho de propiedad de alguna persona. Es decir que dicha protección no ha obedecido a la defensa de la integridad de un ecosistema en sí mismo, sino que siempre ha operado en tanto y en cuanto se viera vulnerado, de alguna manera, el patrimonio de alguna persona física o jurídica. Por ello, cuando la naturaleza o Pachamama pasa a ser un sujeto de derecho y, por tanto, logra el reconocimiento de los valores que le pertenecen como intrínsecos, se ha variado sustancialmente el paradigma jurídico sobre el cual se ha edificado el derecho privado en toda Europa y Latinoamérica durante los últimos siglos.

Cuando Gudynas nos habla del “valor intrínseco de la naturaleza”, cita la escuela moderna de la “ecología profunda”, quienes sostienen que “la vida en la Tierra tiene valores en sí misma (sinónimos: valor intrínseco, valor inherente)”, y que esos valores son “independientes de la utilidad del mundo no humano para los propósitos humanos” (propuesta de Arne Naess y George Sessions presentada en Devall y Sessions 1985, 69-73). “Esta formulación se aplica a la biosfera, de manera que incluye tanto a las especies como a los elementos inanimados de los ecosistemas, y, en consecuencia, supera posturas fragmentarias y no contradice el reconocimiento de la Pachamama. La corriente de la “ecología profunda” admite que se puede arribar a una postura biocéntrica desde diferentes recorridos filosóficos y políticos y, de este modo, es posible llegar a ella tanto desde una reacción frente a la modernidad como desde las cosmovisiones de los pueblos originarios…”9. A pesar de ello, el mismo autor ha señalado que las principales críticas hacia esta corriente tienen que ver con que todas las valoraciones, en definitiva, son realizadas por seres humanos, cayéndose nuevamente en el antropocentrismo tradicional.

Resulta digno de remarcar el Derecho a la restauración integral de la naturaleza que propone la Constitución ecuatoriana, considerando que la Naturaleza o Pachamama tiene “derecho” a una restauración integral. Al respecto, remarca el texto constitucional que la “restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. Del mismo modo, propone que el Estado “establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración”10.

El “buen vivir”: punto de unión con la cosmovisión de los Pueblos Indígenas

El sitio que más puntos en común encuentra entre el texto constitucional de Ecuador con la cosmovisión de los pueblos indígenas es, sin lugar a dudas, el del concepto de Sumak Kawsay o “buen vivir”, donde puede llegar a darse la particular situación de que los saberes tradicionales de éstos últimos lleguen a coincidir con algunas doctrinas y prácticas de la sociedad contemporánea. Resulta un hecho notorio que, en la actualidad, determinados sectores progresistas se han percatado que, de persistir el actual modelo de consumo mundial, no habrá planeta o sitio en el que pueda invertirse válidamente la plusvalía recaudada por el sistema capitalista imperante.

El particular concepto de “buen vivir”, involucra reglas sobre el manejo de la propia vida, a la vez que nuevos conceptos sobre equidad e inclusión social, así como nociones sobre salud y educación desde un punto de vista holístico que incluyen el respeto y disfrute por la naturaleza. Esta visión integral no puede escindirse del disfrute de la familia y de un ambiente sano. Como podemos observar, tal noción se encuentra naturalmente emparentada con la visión que, sobre los mismos temas, vienen observando los pueblos indígenas.

La denominada “ecología profunda” posee muchos puntos en común con esta noción del “buen vivir”, así como con las filosofías orientales que hacen particular hincapié sobre la espiritualidad, los valores humanos y el respeto e identificación con la naturaleza. Es en este punto, precisamente, que la cosmovisión de los pueblos originarios viene a tallar de manera preponderante por tratarse de las culturas que, desde milenios a esta parte, vienen aplicando y respetando a nuestro alrededor estas mismas reglas que hoy resultan valoradas y adoptadas como ejemplo por la antigua cultura europea dominante.

Señala Gudynas que “El aporte de las posturas indígenas ha sido muy importante. En el contexto del presente análisis se debe destacar su denuncia sobre una modernidad que justifica la explotación de la Naturaleza simultáneamente con la opresión y marginación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, un nuevo arreglo constitucional debía romper esos vínculos y recuperar otros saberes, bajo un marco plurinacional, que permitieran otra relación con la Naturaleza y con los pueblos originarios. En ese sentido, la asambleísta Mónica Chuji –indígena de ascendencia shuar y kichwa, y presidenta de la comisión sobre recursos naturales y biodiversidad en la Constituyente– sostiene que “el derecho al territorio y a la propia cultura e instituciones es un primer derecho fundamental y ontológico del sujeto definido en los pueblos y nacionalidades, y el Estado plurinacional debe proteger ese derecho” (Chuji 2008). Así como atentar contra la vida es un delito grave, atentar contra los territorios o la cultura de los pueblos y nacionalidades también es un delito grave, agrega Chuji”11 .

En definitiva, la postura esgrimida por los defensores de los “Derechos de la Naturaleza” trasciende la visión ortodoxa de la “defensa del ambiente”, en tanto y en cuanto se guarde relación con los recursos naturales y, de una manera u otra, posea implicancias económicas. En base a dicha visión, la única alternativa válida sería la de mercantilizar los recursos de la naturaleza y de asignar un valor económico a los bienes y servicios que ésta nos brinde. Por ello, esta nueva mirada “biocéntrica” nos propone una mirada esencialmente distinta a la de aquella visión mercantilista de la naturaleza, reconociendo una pluralidad de valoraciones del ambiente y un multiculturalismo que vuelva a poner su eje en la cosmovisión ya vigente en los Pueblos Originarios.

Resulta oportuno traer a colación el texto de la Constitución ecuatoriana, en cuando propone que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir”12. De este modo se defiende un aprovechamiento de los recursos naturales sólo a fin de atender las necesidades vitales de subsistencia, sin justificar en modo alguno la alimentación de un consumo suntuario ni la mera acumulación de capital.

Esta visión biocéntrica se plantea desde un carácter de austeridad y realiza su mayor énfasis en buscar el sentido de una buena vida, repensando el desarrollo de la sociedad desde distintas ópticas, dentro de las cuales la cosmovisión de los Pueblos Indígenas tendrá mucho para aportar.

La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra

Este documento, emitido desde la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), propone aportar soluciones y promover la participación ciudadana en aquellas acciones de desarrollo sostenible que garanticen la continuidad de la vida de los seres humanos en armonía con la Madre Tierra13. Dado que una de las bases de la citada organización promueve la práctica del mismo respeto que los pueblos originarios del mundo vienen experimentando en forma cultural por la naturaleza, vale traer a colación algunos de sus principios éticos, comenzando por el postulado esencial de que los seres humanos somos hijos de la Madre Tierra porque no la hemos creado, y que si bien nuestros cuerpos físicos provienen de ella, esa Madre Tierra es la que nos da un hogar y nos provee cuanto necesitamos para subsistir.

Asimismo, se parte de la base de que la Madre Tierra es un ser vivo y que nació libre, debiendo mantener sus propios ciclos y leyes naturales que permitan el sustento y mantenimiento de la vida en ella. Es por esta razón que la Madre Tierra resulta ser titular de derechos que deben ser reconocidos, respetados y protegidos por todos los seres humanos, encontrándose los Estados obligados a comprometerse y a implementarlos debidamente.

La Madre Tierra tiene derecho a que sean preservadas las fuentes de sus recursos naturales para que no resulten agotadas, teniendo que impedirse la explotación excesiva de los mismos, así como la destrucción o deterioro de sus hábitats naturales. Particular énfasis manifiesta la Declaración cuando expresa que la Madre Tierra “no puede ser esclavizada o abusada” (art. 9). Por esta misma razón es que se propone que la naturaleza tiene derecho a no ser alterada, explotada ni degradada en forma alguna, debiendo establecerse los mecanismos de protección contra todos aquellos que la agreden y ponen en peligro la vida en ella (art. 12), contando también con el derecho a descansar y a regenerarse, tal como lo hacen todas las especies que la habitan (art. 11).

El concepto resulta amplio al proponer que el respeto a la Madre Tierra debe ser extensivo a todos los seres vivos que la habitan, tomando particularmente como ejemplo a nuestros pueblos originarios, en tanto los mismos interactúan ordenadamente con el ambiente y mantienen el equilibrio con todos los ciclos y leyes naturales que hacen posible la vida en la madre tierra desde milenios (art. 10). En base a ello, la Declaración nos refiere que la Madre Tierra tiene derecho a que se mantenga la paz y se preserve la seguridad y bioseguridad de todo su entorno (art. 8).

Pero ninguno de estos derechos podrían tornarse realmente efectivos si no se establecieran “mecanismos e instrumentos legales justos y en constante actualización para su protección y adecuada defensa contra quienes la destruyen, deterioran o de cualquier forma la dañan” (art. 13), imponiéndose desde la misma Declaración la obligación para los Estados de que se “tomen acciones de toda índole respecto al cambio climático, la contaminación, la desertificación y la extinción de las especies” (art. 14), contando para el caso con el derecho a tener “un guardián y un defensor mundial”, responsabilidad que le compete al ser humano, la única especie que puede actuar por reflexión y elección (art. 21).

Asimismo, se propone el derecho de la Madre Tierra a ser “protegida, guardada y preservada la armonía natural de su biósfera y sus componentes, que son la hidrósfera (océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve), la atmósfera (evitando todo tipo de emisión de gases de tipo invernadero, tóxicos o de cualquier naturaleza), la geósfera (reforestación continua y producción de fuentes de energías alternativas, renovables y sostenibles) y la biodiversidad (manteniendo la integridad de sus especies originales, sean vegetales o animales, incluyendo al ser humano, impidiendo la caza y la pesca indiscriminada y la sobreproducción agrícola) (art. 15 a 19).

Cierra el texto de la Declaración expresando que “Como una progenitora, la madre tierra es digna de ser respetada y amada. Sus habitantes deben comportarse como hijos con ella, porque es el hogar de todos los seres humanos” (art. 20).

Proyectos de Declaración de Bolivia y el ALBA

Otro proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra elaborado en Bolivia14 expresa desde su Preámbulo que “Conscientes de que esta destrucción es también perjudicial para nuestro bienestar interno y es ofensiva para muchas creencias, tradiciones y sabiduría de las culturas indígenas para quienes la Madre Tierra es sagrada… Proclamando la presente Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra para complementar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a fin de que sirva como un fundamento común mediante el cual la conducta de todos los seres humanos, las organizaciones y las culturas se pueden guiar y evaluar”.

El texto avanza sobre otros umbrales que se relacionan necesariamente con el punto de vista de los Pueblos Indígenas, desde la concepción de que la Madre Tierra es indivisible, la auto-regulación de la comunidad de los seres entre sí, cada uno de los cuales se define por sus relaciones dentro de esta comunidad y con el Universo como un todo (art. 1). Al mismo tiempo propone el reconocimiento de los derechos en cabeza de seres vivos orgánicos e inorgánicos, o de seres no vivientes… (art. 1.3), así como recalca el concepto de que los derechos de “cada ser” se encuentran limitados por los derechos de “otros seres” en la medida de lo necesario para mantener la integridad, equilibrio y salud de las comunidades en las que existen (art. 1.5). Asimismo, propone el derecho de la Madre Tierra a existir, persistir y continuar los ciclos, estructuras y procesos vitales para sustentar a todos los seres (art. 2).

Pero particular atención merece el concepto de los “Derechos y libertades fundamentales para todos los seres” (art. 3), donde establece categorías novedosas en cuanto propone el derecho de “todo ser” a participar de acuerdo a su naturaleza en los continuamente renovables procesos de la Madre Tierra (c); el derecho a mantener su identidad e integridad como un ser distinto, auto-regulado (d); el derecho a estar libre de la polución, contaminación genética y modificaciones de su estructura o funcionamiento que amenacen a su integridad o funcionamiento saludable (e); y la libertad de relacionarse con “otros seres” y participar en “comunidades de seres” de acuerdo a su naturaleza… (f).15

La Declaración de los Derechos de la Madre Tierra del ALBA16 sugirió que resulta imposible lograr la defensa plena de los derechos humanos si al mismo tiempo no reconocemos y defendemos los derechos del planeta tierra y la naturaleza. “Solo garantizando los derechos de la Madre Tierra podremos garantizar la defensa de los derechos humanos. El planeta tierra puede existir sin la vida humana, pero los seres humanos no podemos existir sin el planeta tierra”.

En este sentido, consideró el documento que la crisis ecológica está mostrando de forma palpable un principio esencial que ha sido defendido durante milenios por los pueblos originarios e indígenas en todo el mundo: que los seres humanos somos parte de un sistema interdependiente de plantas, animales, cerros, bosques, océanos y aire que requiere de nuestro respeto y cuidado. Ese sistema es el que denominamos Madre Tierra. “La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra.” La Tierra no es un conjunto de cosas de las cuales nos podemos apropiar, sino que es un conjunto de seres naturales con los cuales debemos aprender a convivir en armonía y equilibrio respetando sus derechos.

Entre otros derechos, la Declaración del ALBA estableció que la Madre Tierra posee el derecho a la regeneración de su biocapacidad y sus ciclos vitales (6.2). Si los seres humanos consumimos y derrochamos más de lo que la Madre Tierra es capaz de reponer o recrear entonces estamos asfixiando al Planeta, a todos los seres vivos y a nosotros mismos; el derecho a la armonía y al equilibrio entre todos y todo. Es el derecho a ser reconocido como parte de un sistema del cual todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos (6.4). En el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestro propio accionar para promover la armonía con la naturaleza.

Novedoso resulta también el criterio propuesto para la defensa de los derechos de la Madre Tierra, toda vez que establece que “El hecho de que los seres naturales no puedan ejercer directamente la defensa de sus derechos no los puede privar de su ejercicio. Así como la sociedad y el Estado asumen la defensa de los derechos de los niños y las personas imposibilitadas de hacerlo, de igual forma deben ejercer la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. Corresponde a las Naciones Unidas promover y hacer respetar los derechos de la Madre Tierra a nivel global (8).

El teólogo brasileño Leonardo Boff, realizó particular hincapié durante ésta última Cumbre en la necesidad de dar luz verde a un potencial “Tribunal de Justicia Climática”, una de las iniciativas emanadas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. En tal sentido propuso introducir un artículo que dé nacimiento al Tribunal de Justicia Climática y Polución Ambiental, el que debería ser implementado y aprobado por, al menos, 140 Estados, manteniendo el mismo estatus y nivel que la Corte Internacional de Justicia17

La relación de los Pueblos Indígenas con la Naturaleza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado con solidez la cuestión indígena en varios de sus casos recientes, llegando a interpretar la particular relación que observan los pueblos indígenas para con sus territorios, así como con los elementos que conforman la “naturaleza” que se encuentra integrada en los mismos. De este modo, ha determinado que la vida de los pueblos indígenas depende, en gran parte, de la relación particularísima que los mismos guardan con sus tierras, territorios y los recursos naturales que los integran, obteniendo de los mismos el agua limpia, los alimentos y los elementos necesarios para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades.

En el caso Yakye Axa vs. Paraguay18, se demostró, en base a diversos estudios antropológicos, que muchos puntos de la tierra inscripta a nombre de distintos estancieros permanecía en la memoria histórica de la comunidad, razón por la cual ésta última se había asentado al costado de la ruta ubicada frente a una de las estancias, en reclamo de la restitución de sus tierras de uso tradicional. En base a ello, cerca de 90 familias se vieron privadas del acceso a fuentes de agua, de alimentación y de su derecho a la salud. A partir de este caso la Corte IDH elaboró nuevos estándares en materia de derechos territoriales y fijó dos criterios cruciales en esta materia, estableciendo que existe una íntima vinculación entre el derecho al territorio indígena y el derecho a la vida, dado que en muchos casos, desconocer el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus tierras, territorios y los recursos naturales pondría en juego la vida, dado que de ello se derivaría un riesgo para la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros.

Luego, en el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam19, la Corte IDH manifestó que para muchas comunidades indígenas el acceso a las tierras y a los recursos implica la “posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como al uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia, alimentos y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades” y que “por eso es necesario proteger las tierras y los recursos que las comunidades indígenas han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo”. Por esta razón, la Corte IDH estableció que, en algunos casos, el derecho a la propiedad comunal tiene prevalencia sobre el derecho de propiedad privada, en tanto los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente de propiedad que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura y para llevar a cabo sus planes de vida. Por lo tanto, la Corte puntualizó que limitar el derecho a la propiedad privada de un particular puede ser necesario “para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana”.

Sin embargo, sería ya desde el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua20 cuando la Corte IDH daría sus primeros pasos firmes en el sentido de relacionar los elementos de la naturaleza con la existencia de una cultura indígena. Expresaba al respecto ya por aquel entonces que “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica” (148). En el mismo camino diría que “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”(149).

Por esta razón es que la Corte IDH fijó como obligatorio para los Estados la necesidad de crear mecanismos efectivos de demarcación y titulación del territorio de las comunidades indígenas (152), acorde con su derecho consuetudinario, sus valores, usos y costumbres (151); para lo cual deberá abstenerse de realizar, mientras se realice el proceso de demarcación y titulación, actos que pudieran afectar la existencia, valor, uso o  goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde los miembros de la comunidad indígena habitan y realizan sus actividades (153)21.

Las “Directrices Mapuches para el Desarrollo con Identidad”:

En los albores del nuevo milenio, los miembros de las Comunidades Vera, Curruhuinca y Atreuco de San Martín de los Andes, en la provincia argentina del Neuquén, entregaron oficialmente al Intendente del Parque Nacional Lanín las llamadas “Directrices Mapuches para el desarrollo con identidad”22, elaboradas por sus autoridades originarias con el aporte de técnicos en la materia que abonaron sus conceptos con rigor científico.

Tales Directrices obedecían al cumplimiento efectivo de lo normado por el art. 8 inc. “j” e inc. “b” del “Convenio de Diversidad Biológica” suscrito por Argentina, en tanto el mismo establece que deberán elaborarse: “Directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica”23.

Resultando de aplicación procedente al presente trabajo, detallaremos a continuación algunos de sus pasajes que convalidan aún más los criterios esgrimidos por los defensores de los denominados “Derechos de la Naturaleza”:

1.1.2. “Los elementos que configuran el paisaje están “atravesados” por un conjunto de representaciones de orden simbólico, que le confieren a determinados rasgos del paisaje natural y/o modificado, como a componentes de la naturaleza, un valor especial. Estos componentes deben recibir el mayor de los cuidados por el conjunto de la sociedad…”

2.2.2. “Los planes de manejo apuntarán a la optimización del uso de los recursos naturales, la conservación de áreas frágiles, sitios religiosos o ceremoniales y la restauración ecológica de sitios degradados por mal uso…”

2.5. “Se preservará con sumo rigor a todas las especies en riesgo de extinción y aquellas a las que el pueblo mapuche asigne un uso medicinal o especial, asimilando a áreas intangibles”.

En definitiva, son las mismas comunidades indígenas las que, a la hora de determinar cuáles serán las prioridades en sus procesos de desarrollo24, proponen alternativas diametralmente opuestas a la explotación de los elementos del subsuelo, construyendo su economía sobre pilares que no resulten lesivos de la naturaleza y de las fuerzas que la conforman.

Lejos estuvieron, para la elaboración de estas ideas directrices, de guiarse por los ideales de alta productividad, del fomento al individualismo, de la acumulación como bien en sí mismo o de la simple noción de “sostener el recurso turístico”.

Fundaron, en cambio, su motivación en dejar plasmados los principios que les permitieran vivir simplemente con lo que la vida y la naturaleza les exigen para cubrir sus necesidades básicas y desarrollarse en armonía con el medio que los rodea. Cualquier exceso en el manejo de los recursos que brinda la naturaleza, así se desarrolle dentro de un paisaje paradisíaco, podría transformarse en un elemento altamente nocivo que alteraría necesariamente sus vidas al impedirles recuperar la armonía con el entorno, elemento esencial de toda cultura indígena para lograr el desarrollo pleno de sus comunidades y familias.

Las potenciales jerarquías dentro de la “Pachamama” o “Ñuke Mapu”

Dentro de los referentes indígenas que esgrimen su postura en relación con los derechos de la naturaleza resulta destacable la versión radical del intelectual indígena boliviano David Choquehuanca, quien llegara a ser Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Evo Morales, asegurando que “Para nosotros, los indígenas, lo más importante es la vida, el hombre está en el último lugar, para nosotros lo más importante son los cerros, nuestros ríos, nuestro aire. En primer lugar, están las mariposas, las hormigas, están las estrellas, nuestros cerros y en último lugar está el hombre”25.

Si bien tal explicación mantendría una postura biocéntrica y a tono con los derechos de la Naturaleza, dicha interpretación se desdibuja al enfrentar la posición de que algunas especies poseerían una mayor jerarquía que otras.

Choquehuanca redobla su apuesta al afirmar que resulta “más importante hablar sobre los derechos de la madre tierra que hablar sobre los derechos humanos”. Sin embargo, ni siquiera los ambientalistas o animalistas más acérrimos llegan a tal extremo en su afirmación. En este sentido, Gudynas nos recuerda que “Los defensores del biocentrismo, si bien reconocen los valores propios de la Naturaleza y de todas las formas de vida, no afirman que unos valen más que otros, y reconocen que las especies no son iguales entre sí, y no es lo mismo una persona que una hormiga. El sentido que le dan a la idea de igualdad se refiere a que todas las especies son “iguales en sus derechos a vivir y florecer y alcanzar sus propias formas de desplegarse y auto-realizarse”26.

El planteo se torna particularmente complejo en el caso de Bolivia, dado que su nuevo texto constitucional no contempla los derechos de la naturaleza, considerando el derecho a un ambiente sano simplemente como uno de tantos derechos de tercera generación. Al mismo tiempo, el texto boliviano remarca como mandato del Estado la industrialización de los recursos naturales (arts. 9 y 355), contraponiendo el aprovechamiento de los recursos naturales con la preservación ambiental.

Podría darse el caso de una flagrante contradicción jurídica cuando la protección de un área ecológica genere tensiones con los intentos de explotación petrolera, pudiéndose transformar a aquella en inconstitucional. En este caso, si los derechos de la naturaleza se encontraran dentro del texto constitucional boliviano se generarían otras herramientas de defensa para anteponer los mismos a la necesidad de industrialización, a pesar de lo cual se logró en dicho país la aprobación de una ley general de los derechos de la Madre Tierra.

La postura de Choquehuanca encuentra otra dificultad en la práctica, ya que “si algunos seres vivos como las hormigas están por encima del ser humano, se llegaría a un preservacionismo radical de la Naturaleza. Casi todo un país debería ser declarado un área protegida intangible, se deberían suspender todas las concesiones mineras y forestales, cerrar los pozos de petróleo y abandonar las áreas agrícolas. Es bien conocido que esto no sucede en ese país, y que por el contrario la administración Morales está promoviendo por ejemplo el extractivismo minero y petrolero, con sus consecuencias ambientales y sociales”27.

Entendemos que no se puede hablar de naturaleza intocada sin estar en contra de la propia idea de Pachamama, dado que “en casi todas las formulaciones de ese concepto no se alude a ambientes intocados, sino que es una Naturaleza con humanos, y humanos que son parte de ella… como en la cosmovisión andina se transforma el ambiente, esa ceremonia es para pedirle perdón o retribuirle por esos cambios, pero no para impedirlos. Entonces, una banalización que escapa al mandato de los derechos de la Naturaleza, sería aprobar proyectos mineros y petroleros, con una clara destrucción de la Naturaleza, pero bastaría pedirle “perdón” a la Pachamama para justificarlos. Es claro que esa postura es insostenible, no asegura ninguna protección efectiva de las especies vivas, y termina siendo contraproducente hasta para los propios pueblos indígenas, en tanto convierte al espíritu de la Pachamama en un mero slogan”28.

Reflexiones finales

Uno de los principales desafíos para salvaguardar sus derechos será hoy, para los pueblos indígenas, el exigir de los Estados el respeto por sus culturas y territorios, lo que involucrará necesariamente la protección de la naturaleza circundante. La adecuación y actualización de las viejas normas que deben aún realizar los Estados en relación con estos últimos fijarán un punto de unión entre el derecho positivo, el “buen vivir” de la cosmovisión indígena y las modernas concepciones derivadas de la “ecología profunda” o los “Derechos de la Naturaleza”.

Para ello, los pueblos originarios continuarán proponiendo una defensa a ultranza de la naturaleza y de todos los elementos que componen su cosmovisión y su mundo territorial, desde la atmósfera hasta el subsuelo, desde los elementos materiales hasta los espirituales, pasando por los recursos biológicos y culturales; todo ello a los fines de hacer cumplir en algún momento sus derechos a la autonomía, a la multiculturalidad y a la plurinacionalidad.

Vinimos aquí para hablar en nombre del mundo natural que está siendo saqueado por los gobiernos y las corporaciones…la biodiversidad es un término clínico, técnico, para referirse a este delicado entrelazamiento de la vida que nos sostiene. Nosotros, los pueblos indígenas, decimos que estamos relacionados con esta vida, por lo tanto, nuestros recursos son nuestras relaciones. Todo depende de cómo se lo mire. Los Pueblos Indígenas tenemos algo para ofrecer en esta actuación de la supervivencia…”29

Alumno: Darío Rodríguez Duch

DNI. 17.363.376

1 Piñakwe, Jesús: Dirección General de Asuntos Indígenas DGAI – Ministerio del Interior, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y Ministerio de Justicia y del Derecho. 1997:34. Del Olvido Surgimos) para Traer Nuevas Esperanzas. La Jurisdicción Especial Indígena. Imprenta Nacional. Santa Fe de Bogotá).

2 Declaración de la Organización Indígena de Colombia, año 2005

3 INFORME COMITE DE GESTION A.P.N.– C.M.N. (Administración de Parques Nacionales – Confederación Mapuche Neuquina) “El proceso intercultural de Comanejo entre las comunidades Mapuche y el Parque Nacional Lanin”. San Martín de los Andes, enero de 2005.

4 Constitución de Ecuador. Artículo 74

5 Constitución de Ecuador. Articulo 402

6 Constitución de Ecuador. Artículo 72

7 Gudynas, Eduardo; “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador” Revista de estudios sociales nº 32, abril 2009, ISSN, Bogotá pp. 34-47

8 Idem anterior

9 Gudynas, Eduardo; “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador” Revista de estudios sociales nº 32, abril 2009, ISSN, Bogotá pp. 34-47.

10 Constitución de Ecuador. Artículo 73

11 Gudynas, Eduardo; “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador” Revista de estudios sociales nº 32, abril 2009, ISSN, Bogotá pp. 34-47

12 Constitución de Ecuador. Artículo 75

13 Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, “Hijos de la Madre Tierra”, Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), Puerto Rico, 22/4/2016

14 Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Bolivia, 2 de marzo de 2010

15 Aportes de Cormac Cullinan y Sebastian Nguyen Perez,

16 “Declaración Especial de los Derechos de la Madre Tierra”, VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Latina (ALBA). Cochabamba, 17 de octubre de 2009

17 Idem anterior

18Yakye Axa vs. Paraguay”, Corte IDH, 17/6/2005

19 “Saramaka vs. Surinam”, Corte IDH, 12/8/2008

20Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, Corte IDH, 31/8/2001

21 Idem anterior

22 “Directrices Mapuches para el desarrollo con identidad”, Parque Nacional Lanin, Argentina, Junio de 2000

23Convenio sobre la Diversidad Biológica” (CDB), Cumbre de la Tierra Río de Janeiro 1992, entrada en vigencia el 29 de diciembre de 1993, 193 Estados Partes

24 Convenio 169 de la OIT, art. 7

25 Choquehuanca, David, Declaraciones de prensa del 21 abril de 2010, Agencia Boliviana de Informaciones ABI. 269

26 Devall y Sessions, 1985

27 Gudynas, Eduardo. “Los derechos de la Naturaleza en serio, Respuestas y aportes desde la ecología política”. La Naturaleza con Derechos, De la filosofía a la política, Alberto Acosta y Esperanza Martínez, Compiladores, Quito 2011, Ediciones Abya-Yala

28 Idem anterior

29Jefe Oren Lyons de la Nación Onanadaga y la Confederación Haudenosaunee, Documento de diálogo por los Pueblos Indígenas, Comité preparatorio para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, febrero de 2002.

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Trabajo Final Pueblos Indígenas y Derechos Humanos